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El Foro de Periodismo Argentino (Fopea), organización sin fines de lucro de alcance nacional e integrada por periodistas y docentes de periodismo de todo el país, reclama la inmediata derogación de las normas o disposiciones que rijan en ese Concejo Deliberante de Candelaria, Prov. de Misiones, que sean limitantes del libre ejercicio periodístico, sea la prohibición (total o parcial) de cobertura de las reuniones y sesiones del cuerpo o la exigencia de acreditación de título profesional para cumplir con esa función.

Esta intimación se sustenta en la defensa del derecho colectivo de los pueblos a estar informados, de la libertad de información y de expresión, y de la obligación del Estado a dar cuenta de sus actos en modo amplio, todos principios contemplados en la legislación provincial de Misiones, nacional argentina y en pactos y tratados internacionales incorporados con jerarquía constitucional desde la reforma constitucional de 1994 (en especial, la Convención Americana de Derechos Humanos, Pacto de San José de Costa Rica).

La libre presencia de periodistas en el Concejo, sin restricciones ni discriminaciones, abarca todas las tareas afines a esta profesión, para la cual no corresponde exigir la colegiación obligatoria de los periodistas o la obtención de título de grado o postgrado (posición obligatoria en Argentina conforme a la normativa vigente y de acuerdo a la Opinión Consultiva 5, de n noviembre de 1985 emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos).

Las conductas contrarias no sólo violan las normas fundamentales del país y de la provincia, sino que su aplicación, además, puede ser interpretada como discriminatoria respecto de determinadas personas, por lo cual se vulneran leyes nacionales que reprimen esos actos, y da posibilidad a las víctimas de actuar en forma individual o colectiva, (en caso de grupos sociales).

Así se configuraría con las restricciones al desempeño del periodista Daniel Luna, propietario de Canal 4 y editor del sitio www.actualidadsur.com, quien además fue agredido la semana pasada por el presidente del Concejo

Deliberante, Jorge Peña. De ese ataque también fueron víctimas los trabajadores de Actualidad Sur, Luis Rivero y Gustavo Barros, aparte del daño de equipo profesional.

Este mero hecho merece la intervención de ese Concejo y de las autoridades políticas de la Municipalidad, tal como solicitó Fopea en un comunicado formal, cuya parte central reproduzco: "Fopea reclama a las autoridades municipales y provinciales la inmediata intervención y la sanción correspondiente a Peña previstas por las normas locales del Concejo Deliberante de Candelaria, y al resto de los agresores, en caso de que ocupen cargos, funciones o responsabilidades públicas.

Esta actuación debe ser independiente de la indispensable labor de la Justicia frente a todos los agresores, ante semejante ataque recibido por el periodista. Una eventual renuncia es una decisión individual que no implica el perdón judicial ni sentará el necesario antecedente de la decisión política de no permitir más esta clase de reacciones por parte de un integrante del cuerpo."

La inmediatez de la acción reclamada por Fopea impone una respuesta urgente, y en caso de que la conducta violatoria de las normas registrada por ese Concejo sea fruto de una norma interna u ordenanza, su derogación en la próxima sesión que mantenga el cuerpo.

Hace tres semanas Fopea ya se pronunció en contra de la conducta restrictiva a las coberturas periodísticas, sin que el Concejo haya modificado su comportamiento, por lo cual corresponde esta intimación.

Atentamente,

Andrés D´Alessandro
Director Ejecutivo
Foro de Periodismo Argentino